Una ojeada a la nueva Constitución del Canadá
Por el corresponsal de “¡Despertad!” en el Canadá
“NETAMENTE canadiense al fin”, dijo la oradora. En respuesta, una muchedumbre de 30.000 personas aclamó con entusiasmo. ¿Quién era la oradora? Pues la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Y la muchedumbre? Estaba compuesta de los que se reunieron en Ottawa, capital del Canadá, el 17 de abril de 1982 para oír la proclamación del “Acta Constitucional de 1982”. Sí, ¡el Canadá finalmente tenía su propia constitución!
Pero ¿no ha existido el Canadá como una nación por más de un siglo? ¿Por qué se proclama una constitución a esta fecha tardía? Éstas son buenas preguntas. Para entender el asunto, tendremos que echar una ojeada breve a la historia canadiense y ver cómo, por algún tiempo, el Canadá llegó a ser (en un sentido) un país sin constitución propia.
¿Por qué se necesitaba una constitución?
El Canadá llegó a existir como nación en 1867 cuando varias colonias británicas al norte de los Estados Unidos de América formaron una federación y pidieron al Parlamento de Gran Bretaña que creara el país legalmente. Esto se hizo mediante el Acta BNA (siglas en inglés para América del Norte Británica). Puesto que éste fue un decreto emitido por el Parlamento Británico, se tenía que consultar con la Cámara de los Comunes y la de los Lores para cualesquiera enmiendas que se tuvieran que hacer en el futuro.
Aunque por lo general se aprobaban las enmiendas sin objeción alguna, no obstante, el hecho de que el documento fundador fuera un estatuto procedente de una nación “extranjera”, con el tiempo “no fue lo suficientemente bueno”, de acuerdo con algunos canadienses. Opinaban que el Acta BNA debería ser traída al Canadá y ser enmendable en este país. Pero había otras razones para querer tenerla en suelo canadiense.
La Constitución que tenía el Canadá era una combinación de millares de leyes y convenios aprobados en el transcurso de los años, además del gran conjunto de leyes que heredó de Inglaterra. Esto incluye la Carta Magna de 1215 E.C., el primer estatuto de la ley inglesa y una restricción a la autoridad de la Corona. Los fundadores de los Estados Unidos recurrieron a la Carta Magna cuando estaban formulando su constitución para incluir los derechos fundamentales para la protección de todos los ciudadanos. Así, los tribunales pueden decidir los casos por medio de basarse en los abarcadores principios que contiene su Declaración de Derechos. El Canadá no tenía estas bien definidas garantías.
La Declaración de Derechos del Canadá
Sin embargo, el deseo de los canadienses de tener un documento como éste quedó comprobado en 1949 cuando los testigos de Jehová hicieron circular una petición para que hubiera una Declaración de Derechos del Canadá. En aquel año se presentó al Parlamento una lista que contenía más de 625.000 nombres de personas que percibieron la amenaza a las libertades de todo canadiense al ver los abusos que se cometieron en contra de los testigos de Jehová en la provincia de Quebec. Creían firmemente que la solución se hallaría en que hubiera garantías constitucionales respecto a los derechos fundamentales de toda persona.
El 10 de agosto de 1960 se promulgó la Declaración de Derechos del Canadá. Pero no tuvo la fuerza que muchos canadienses habían esperado. (Véase ¡Despertad! del 8 de abril de 1961.) Entonces el profesor Bora Laskin (que luego llegó a ser presidente del Tribunal Supremo del Canadá) describió la Declaración como “desilusionadora en su planteamiento, innecesariamente limitada en cuanto a su aplicación e ineficaz en su esencia”. Así, en aquel entonces los canadienses no solo estaban en una situación en que no podían enmendar su Constitución, sino que también, con toda razón, estaban preocupados por la preservación de sus libertades civiles.
Esto no quiere decir que no tuvieran libertades. De hecho, en el transcurso de los años, el Tribunal Supremo aptamente había decidido a favor de la libertad religiosa, de asamblea y asociación, de palabra y de prensa, casos que tenían que ver principalmente con las libertades de los testigos de Jehová, aunque afectaban a todo ciudadano. Por ejemplo, en la decisión sin precedente del caso Saumur contra Quebec, uno de los casos que tenían que ver con los testigos de Jehová, el señor magistrado Rand declaró lo siguiente: “La libertad de palabra y de religión y la inviolabilidad de la persona son libertades originales que, a la vez, son atributos y modos necesarios de autoexpresión del ser humano y condiciones fundamentales de su vida de comunidad dentro de un orden legal”.
Para garantizar que no se pueda promulgar ninguna ley que contravenga tales derechos, se consideró necesario “atrincherarlas” en la Constitución. Es como señaló el ex primer ministro Pierre Trudeau: “Como provisión constitucional, no sería solo una ley común, sino [...] una regla por la cual se gobierna la formación de leyes. Al garantizar que no se interfiera con ciertos derechos, se limitaría el poder de los gobiernos y se anularía la acción gubernamental común —hasta estatutos debidamente aprobados— que violara dichos derechos”.
Lo que el Acta Constitucional contiene
¿Qué contiene el Acta Constitucional? Las primeras 34 secciones se titulan: “Carta de Derechos y Libertades del Canadá”, y abarcan libertades fundamentales como “a) la libertad de conciencia y religión; b) la libertad de pensamiento, creencia, opinión y expresión, incluso la libertad de prensa y otros medios de comunicación; c) la libertad de reunirse pacíficamente; y d) la libertad de asociación”. El resto trata con el estado de los pueblos aborígenes, el equilibrio de las disparidades regionales y las enmiendas constitucionales.
Algunos han expresado preocupación por las cláusulas anulatorias que restringen las libertades hasta ciertos límites o que permiten que las provincias tengan leyes que las eximan de conformarse a la Carta de Derechos. La Declaración de Derechos de los Estados Unidos no tiene tales limitaciones. Solo el tiempo dirá qué efecto tendrán dichas cláusulas en los derechos y las libertades fundamentales.
Consecuencias trascendentales
En los dos años que han pasado desde la proclamación del Acta Constitucional de 1982, se han producido consecuencias trascendentales. Se han tomado más de mil decisiones relacionadas con la Declaración de Derechos en los tribunales inferiores. Éstas tienen que ver principalmente con casos relacionados con los aspectos técnicos de la ley criminal y algunos asuntos sobre procedimiento. Debido al tiempo que se requiere para apelar de los casos a fin de pasar a tribunales más altos, solo un caso ha alcanzado el Tribunal Supremo, y éste no tenía que ver con una cuestión de mucha importancia.
Hay que encomiar a los canadienses por el deseo que tienen de establecer su sociedad sobre principios de justicia “que reconocen la supremacía de Dios”. Se espera que obren en armonía con el espíritu de las provisiones hechas por su Constitución. Como nos dijo en una entrevista cierto abogado canadiense que es experto en libertades civiles: “Ninguna ley tiene más poder que los medios con que se cuenta para hacer que ésta se cumpla, y los medios con que se cuenta para hacer que una ley se cumpla dependen de lo que la gente esté dispuesta a permitir”. Por lo tanto, ahora los canadienses tienen que estar alerta para aplicar la nueva Carta de Derechos de la nueva Constitución del Canadá.
[Comentario en la página 15]
“Ninguna ley tiene más poder que los medios con que se cuenta para hacer que ésta se cumpla, y los medios con que se cuenta para hacer que una ley se cumpla dependen de lo que la gente esté dispuesta a permitir”